Sin gas LP en Taxco por amenazas del crimen
Taxco de Alarcón enfrenta una nueva crisis de seguridad y gobernabilidad: desde el lunes 6 de enero, la población permanece sin acceso a gas LP luego de que empresas distribuidoras suspendieran el servicio por amenazas y extorsiones atribuidas a un grupo criminal, afectando directamente a más de 130 mil habitantes.
Extorsión criminal Taxco paraliza servicio esencial
La falta de gas LP no es un accidente ni una falla técnica. Es el resultado directo del control criminal que se ejerce sobre actividades económicas básicas en el municipio de Taxco de Alarcón. Desde hace más de 24 horas, no hay venta del carburante para uso doméstico ni comercial, dejando a miles de familias sin posibilidad de cocinar, calentar agua o mantener sus actividades cotidianas.
De acuerdo con información recabada por este medio, empresas distribuidoras como Sony Gas y Gas de Martelas fueron obligadas a retirar sus unidades y suspender operaciones de manera inmediata tras recibir amenazas directas. El retiro forzado ocurrió en menos de un día, evidenciando el nivel de presión y riesgo al que fueron sometidas.
La Familia Michoacana impone control en Taxco
Fuentes locales señalan que las extorsiones provienen de una célula de La Familia Michoacana, organización que en los últimos años ha expandido su influencia en municipios del norte y centro de Guerrero. Su operación no solo se limita a la violencia directa, sino al control económico: decide quién vende, quién trabaja y quién debe abandonar el territorio.
A esta situación se suma el cierre forzado de dos pequeñas plantas gaseras ubicadas en la zona de la Vía Alterna, donde ciudadanos podían cargar cilindros domésticos o abastecer vehículos. Ambas instalaciones también habrían sido clausuradas por órdenes del mismo grupo delictivo, dejando a la población sin alternativas.
Silencio oficial y ausencia de autoridad
Mientras la crisis se agrava, la respuesta institucional ha sido prácticamente nula. Ni el gobierno municipal ni las autoridades estatales o federales han emitido un posicionamiento claro o un plan emergente para garantizar el suministro de un servicio esencial.
El presidente municipal Juan Vega no ha dado la cara ante una situación que golpea directamente a miles de familias. El silencio también se ha extendido a algunos comunicadores locales que, pese a recibir recursos públicos, han evitado señalar una crisis que ya paralizó al municipio.
Como antecedente, comerciantes y transportistas han denunciado en años recientes esquemas similares de extorsión que terminan en cierres, desplazamientos y desabasto, sin que exista una estrategia sostenida para recuperar el control del territorio.
Lo que ocurre en Taxco no es solo una falla de seguridad: es una muestra del abandono del Estado frente al crimen organizado. La extorsión ya no solo mata economías, hoy paraliza ciudades enteras. El gas LP es un servicio esencial, no un botín criminal. Taxco no puede seguir secuestrado por el miedo. Ya basta de extorsiones. Ya basta de silencio.
