Vidulfo Rosales, exabogado del caso Ayotzinapa, se integra a la Suprema Corte con sueldo de más de 118 mil pesos
A un mes de haber renunciado como abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra se incorporó oficialmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como Secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz.
De acuerdo con el sitio oficial del máximo tribunal del país, Rosales Sierra percibirá un sueldo neto mensual de 118 mil 138 pesos, además de prestaciones como seguro de gastos médicos mayores, apoyo para lentes, estímulo del Día del Padre y seguro de separación individualizada.
La designación ha generado reacciones encontradas, pues durante su trayectoria como abogado y activista social, Rosales mantuvo una postura crítica frente a diversas instituciones del Estado, incluida la propia Corte. Su participación como representante legal de los familiares de los normalistas desaparecidos estuvo marcada por denuncias públicas de omisiones e irregularidades en la investigación del caso, así como tensos intercambios con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
En agosto de 2025, Rosales anunció su salida del caso Ayotzinapa y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, argumentando motivos personales y de salud. En su carta de despedida declaró:
“Me retiro de la primera línea de la lucha social con la frente en alto, con la seguridad de haber puesto un grano de arena en la pelea de nuestros pueblos”.
Sin embargo, tras semanas de especulación —después de que fuera fotografiado junto a ministros de la Corte—, su incorporación fue confirmada en la nómina oficial del Poder Judicial.
Durante el sexenio de AMLO, Rosales fue señalado por el Ejecutivo como promotor de protestas radicales, en particular tras los hechos de marzo de 2024, cuando familiares de los 43 irrumpieron en Palacio Nacional. Pese a los señalamientos, Rosales continuó defendiendo la causa de Ayotzinapa hasta su salida.
Además, ha enfrentado acusaciones mediáticas como un audio filtrado en 2016 donde presuntamente se le escuchaba usar expresiones ofensivas hacia los padres de los normalistas. Él negó que la voz fuera suya y denunció espionaje ante la entonces Procuraduría General de la República.
Ahora, como funcionario dentro del máximo órgano judicial del país, su figura pasa de un rol confrontativo a uno institucional, lo que genera expectativas y dudas respecto a su papel dentro del Poder Judicial y su coherencia con la trayectoria previa como abogado defensor de derechos humanos.
