Iguala de la Independencia: denuncias de violencia en aumento
Periodistas y vecinos de Iguala de la Independencia denunciaron un aumento de hechos vinculados a presunta violencia institucional y hostigamiento, señalando al gobierno municipal de Erik Catalán Rendón. Las quejas, protestas y detenciones ocurridas entre marzo y julio de 2025 han encendido la alerta sobre riesgos para la libertad de expresión en la Región Norte.
Crecen las denuncias de violencia en Iguala de la Independencia
En los últimos meses, Iguala de la Independencia ha vivido un ambiente pesado, casi irrespirable, según narran comunicadores y habitantes que han levantado la voz. Las denuncias por presunta violencia institucional se han multiplicado, y el clima de tensión entre periodistas y el ayuntamiento ha pasado de ser un rumor de pasillo a un conflicto abierto que ya se ve en calles, protestas y comunicados.
Reporteras locales cuentan que, desde marzo, comenzaron a registrar descalificaciones públicas, trato hostil y restricciones para acceder a información municipal. Varias de estas quejas quedaron asentadas ante organismos de derechos humanos, mientras la comunidad informativa describe un “cerco” que busca frenar o limitar su chamba.
Periodistas denuncian hostigamiento y uso político de la fuerza
Una de las primeras señales de alarma fue la denuncia de la periodista Flor Miranda (API Guerrero), quien expuso presuntas intimidaciones y expresiones misóginas durante su cobertura de temas municipales. Su caso, documentado por medios regionales, puso sobre la mesa algo que ya se comentaba en corrillos de prensa: un trato diferenciado, áspero y despectivo hacia quien cuestiona al gobierno.
El 9 de junio la tensión explotó. Reporteros y comunicadores se manifestaron frente al Palacio Municipal para denunciar hostigamiento, intimidación y un ambiente de “mordaza” que, según ellos, proviene del propio ayuntamiento. Durante la protesta, exigieron que se respetara su labor, advirtiendo que cualquier intento de callar voces críticas solo lastima a la ciudadanía.
Detenciones y amenazas: el punto más crítico del conflicto
Entre el 8 y 11 de julio, la detención de los administradores de Many Informa, Emmanuel y Eduardo N., se convirtió en el episodio más grave. La Policía Ministerial los arrestó cerca del Palacio Municipal y la Fiscalía les imputó presunta extorsión. Sin embargo, su liberación posterior, junto con protestas de sus familiares y colegas, dejó abiertas dudas sobre los motivos reales.
Periodistas aseguraron que la detención fue violenta y desproporcionada, y la calificaron como un intento de amedrentar a quienes mantienen posturas críticas. Tras este hecho, varios comunicadores recibieron mensajes intimidatorios alertándoles que “podrían ser los siguientes”. El reportero Ricardo Almazán responsabilizó públicamente al alcalde por amenazas que —según dijo— ponen en riesgo su integridad física.
El alcalde Erik Catalán Rendón responde a los señalamientos
En entrevistas y comunicados, el alcalde Erik Catalán Rendón ha rechazado las acusaciones de hostigamiento, violencia institucional o persecución política. Afirma que las críticas provienen de actores opositores y que las movilizaciones de periodistas son parte de una agenda política que busca desestabilizar.
También ha señalado que cualquier detención realizada por la Fiscalía responde a investigaciones legales y no a represalias, insistiendo en que su administración “respeta la libertad de expresión”. Estas declaraciones, sin embargo, no han calmado la preocupación ciudadana ni la desconfianza de la prensa.
Riesgos para la libertad de expresión en Iguala de la Independencia
Organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que, si se confirman los hechos denunciados —intimidaciones, detenciones controvertidas, mensajes amenazantes y bloqueos informativos—, podrían configurarse violaciones a derechos como la libertad de expresión, la integridad personal y el acceso a la información.
A nivel nacional, informes recientes de Artículo 19 registran un aumento del acoso judicial y de agresiones contra periodistas. Colocar a Iguala de la Independencia dentro de este mapa de riesgo obliga a mirar con seriedad lo que ocurre en la ciudad, sobre todo cuando la presunta violencia institucional puede derivar en autocensura y silenciamiento de voces críticas.
Qué exige la prensa y qué falta por esclarecer
La comunidad periodística de Iguala exige investigaciones independientes sobre las detenciones y denuncias de hostigamiento; medidas de protección inmediatas para quienes han recibido amenazas; y transparencia en la distribución de publicidad oficial. También piden que no se use el sistema judicial para castigar críticas legítimas ni se construyan narrativas que estigmaticen su trabajo.
Todo ello va acompañado de una demanda clave: que las autoridades de Iguala actúen con imparcialidad, respeto y responsabilidad frente a la prensa, sin criminalizar la labor informativa ni polarizar a la ciudadanía.
La banda de Iguala de la Independencia ya está cansada de caminar con miedo. Quiere respuestas claras, garantías reales y un gobierno que entienda que informar no es un delito. Porque sin periodistas libres, la neta, lo que se pierde es la voz del pueblo… y esa, cuando la apagan, tarde o temprano se cobra caro.
