Familia de Irving Arroyo reclama justicia tras operativo federal
La familia del nutriólogo Irving Arroyo, detenido en Iguala por la Unidad Especial del Caso Ayotzinapa, denunció que pasó horas sin ser localizado y exigió un proceso legal justo, transparente y respetuoso de sus derechos humanos.
Detención en la madrugada y horas de incertidumbre
La detención de Irving Arroyo Aranda ocurrió entre las 4:00 y 4:30 de la madrugada del 26 de noviembre, cuando agentes federales ingresaron al domicilio ubicado en la Unidad Habitacional Nicolás Bravo, una zona donde las familias ya viven con el temor constante por los operativos vinculados al Caso Ayotzinapa. De acuerdo con sus familiares, no hubo notificación inmediata ni información clara sobre su paradero, lo que generó más de cinco horas de incertidumbre y alarma.
Fue hasta cerca de las 15:00 horas cuando se les informó que el nutriólogo había sido trasladado a instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México. Para la familia, este lapso sin datos oficiales no solo violó la presunción de inocencia, sino que les dejó la sensación de estar viviendo lo que muchas familias de Guerrero conocen a tiro: la angustia de no saber dónde está un ser querido.
Imputaciones cuestionadas en audiencias del Caso Ayotzinapa
Durante las audiencias realizadas los días 27 y 28 de noviembre, señaló la familia, se le atribuyeron hechos que “no corresponden a su persona”. Sostienen que Irving, licenciado en Nutrición egresado de la Universidad Fray Luca Paccioli, ha construido desde 2013 una trayectoria laboral sólida en el Centro de Salud Agustín Batalla de Iguala, donde es ampliamente reconocido.
“A mi hermano lo señalaron sin pruebas claras, solo porque estaban haciendo cateos y detenciones. No es justo, no es la persona que describen”, expresó uno de sus familiares, visiblemente afectado por la situación. El testimonio refleja el sentir de una comunidad que ha visto cómo el Caso Ayotzinapa continúa generando acciones judiciales que, a juicio de muchos, requieren mayor transparencia.
Según datos difundidos por autoridades federales, ese mismo día se realizaron cateos en dos viviendas y se detuvo a tres presuntos implicados en la desaparición de los 43 normalistas. Sin embargo, la familia de Arroyo insiste en que su caso fue incluido sin sustento claro y que las imputaciones deben revisarse con rigor.
Contexto y llamado a la sociedad civil
La detención del nutriólogo se vuelve especialmente sensible en Iguala, un municipio que carga con el peso histórico del Caso Ayotzinapa y donde cada operativo revive heridas abiertas desde 2014. Para los familiares y vecinos de la Unidad Habitacional Nicolás Bravo, esta situación “huele a injusticia” y prende las alarmas sobre posibles irregularidades.
La familia hizo un llamado a periodistas, organizaciones civiles y ciudadanía para que el caso no quede en la sombra. Reclaman un proceso justo y apegado a derecho, recordando que en Guerrero la gente ya está cansada de ver cómo algunos casos avanzan con opacidad mientras otros se estancan.
La voz ciudadana en Iguala resuena fuerte: respeto a la presunción de inocencia y un debido proceso sin chanchullos. La comunidad pide que la justicia vaya pa’lante, pero sin atropellar derechos ni repetir viejos errores.
