Alcalde de Iguala señalado por amedrentar a críticos
El alcalde de Iguala fue señalado públicamente por periodistas, actores políticos y sectores sociales de encabezar una estrategia de hostigamiento judicial en Iguala, presuntamente orientada a silenciar a la prensa crítica y a opositores de su administración mediante el uso reiterado de denuncias penales.
Acusan persecución a la prensa en Iguala
Las denuncias apuntan directamente al presidente municipal Erik Catalán Rendón, a quien acusan de promover la apertura de carpetas de investigación y procesos judiciales contra comunicadores y críticos de su gobierno, utilizando instancias de procuración de justicia como mecanismo de presión.
De acuerdo con los señalamientos, estas acciones no responden a la búsqueda de justicia, sino a una intención de intimidar y limitar la libertad de expresión en Iguala. Por razones de seguridad, varias de las personas denunciantes han optado por mantener su identidad en reserva.
Señalan uso político de fiscalías
Las mismas fuentes sostienen que el edil habría incurrido en el uso indebido de fiscalías para la presunta fabricación de delitos, criminalizando tanto el ejercicio periodístico como la crítica política. Estas prácticas, advierten, podrían constituir graves violaciones a derechos humanos y al debido proceso.
Como antecedente, periodistas locales han denunciado en años recientes amenazas, demandas y citatorios judiciales tras la publicación de información incómoda para el poder municipal, sin que hasta ahora se haya garantizado su protección de manera efectiva.
Omisión de autoridades estatales y federales
Otro punto señalado es la presunta omisión de autoridades estatales y federales, a quienes reprochan no haber intervenido pese a lo que consideran un patrón sistemático de abuso de autoridad. Según estas versiones, la persecución judicial buscaría incluso inhabilitar políticamente a adversarios del gobierno municipal.
Un dato verificable es que varias carpetas de investigación activas se encuentran vinculadas a opiniones públicas, publicaciones periodísticas o posicionamientos políticos, lo que ha encendido alertas entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión.
“Es una venganza política”, advierten ciudadanos
“Se trata de una venganza política que pone en riesgo la convivencia democrática en Iguala”, señalaron voces ciudadanas consultadas, quienes alertan que el uso faccioso del aparato judicial erosiona la confianza en las instituciones y profundiza la tensión social.
Ante este escenario, organizaciones civiles y ciudadanos exigieron a los gobiernos estatal y federal investigar los señalamientos y frenar cualquier práctica que vulnere la libertad de prensa y el derecho a la crítica. En Iguala, la advertencia es clara: callar a la prensa solo agrava la crisis democrática.
