Iguala paga millones por renta de camiones sin generar patrimonio
La renta de camiones de basura en Iguala ha encendido el debate público luego de que el Ayuntamiento aprobara un contrato por más de 66 millones de pesos bajo la figura de arrendamiento puro, una decisión que no dejará patrimonio al municipio y que costará el doble de lo que implicaría comprar las unidades.
Una decisión costosa para el erario de Iguala
El Ayuntamiento de Iguala de la Independencia aprobó el pasado 6 de noviembre de 2024 la renta de 10 camiones compactadores de basura mediante un esquema de arrendamiento puro, modalidad que obliga al municipio a pagar mensualmente sin adquirir la propiedad de las unidades al finalizar el contrato.
De acuerdo con documentos oficiales de la Sesión Extraordinaria de Cabildo, cada camión tiene un costo mensual de 194 mil pesos más IVA, durante un periodo de 34 meses. En conjunto, el gasto asciende a aproximadamente 66 millones de pesos, una cifra que contrasta con el costo estimado de compra directa, calculado en alrededor de 33 millones de pesos.
Arrendamiento sin patrimonio público
Lo más cuestionado del contrato es que, una vez concluido el periodo de arrendamiento, el municipio no conservará los camiones, por lo que no se genera ningún activo público. En términos simples, Iguala pagará el doble por unidades que nunca serán suyas.
La cotización fue presentada por la empresa Grupo Turbofin SAPI de C.V., y el contrato fue otorgado mediante adjudicación directa, bajo el argumento de una supuesta urgencia sanitaria derivada del mal estado del parque vehicular heredado de administraciones anteriores.
El Cabildo aprobó sin debate de fondo
La propuesta fue impulsada por el presidente municipal Erik Catalán Rendón, quien defendió el arrendamiento como una medida inmediata para garantizar el servicio de recolección de basura. Sin embargo, la iniciativa fue aprobada por unanimidad del Cabildo sin que se discutieran públicamente alternativas más rentables, como la compra directa de las unidades.
De acuerdo con los documentos revisados, no existe un análisis comparativo sólido que justifique por qué la renta resultaba más conveniente que la adquisición.
La única voz crítica
En 2025, la regidora María del Rosario Bustillos Muñoz, del PAN, se posicionó como la única voz crítica frente a esta decisión. La edil sostuvo que el arrendamiento puro representa un daño financiero para el municipio, al comprometer recursos públicos sin beneficios a largo plazo.
Bustillos Muñoz incluso presentó una denuncia ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero y ha reiterado su postura en entrevistas públicas, donde señaló deficiencias en la planeación financiera y posibles irregularidades en el proceso de contratación.
Cifras que generan dudas
Los documentos oficiales confirman que el costo mensual total del contrato asciende a 2 millones 250 mil pesos con IVA. Aunque la justificación oficial se basa en la urgencia operativa, no se documenta un estudio serio que demuestre que esta opción era la más eficiente para el uso del dinero público.
Una pregunta que sigue sin respuesta
Con la información disponible —pública y verificable— la ciudadanía se pregunta si esta decisión responde a impericia administrativa o si, de fondo, se trata de un manejo que termina perjudicando el interés público al pagar el doble sin generar patrimonio para Iguala.
La basura se recoge todos los días en Iguala, pero las dudas sobre el manejo de los recursos públicos siguen acumulándose. Y esas, hasta ahora, nadie las ha querido levantar.
